23 de septiembre - Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer

La fecha se estableció en conmemoración de la publicación, en 1947, de la Ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos políticos entre varones y mujeres.
La lucha de las mujeres por los derechos políticos tiene un largo recorrido, que trasciende las fronteras nacionales. Desde la Revolución Francesa en adelante, las mujeres se han organizado para demandar por condiciones de igualdad con los varones en relación con el acceso a la política. Un emblema de esa lucha fueron las demandas por el voto femenino, incorporado tardíamente en la mayoría de las constituciones del mundo en el siglo XX.
Las mujeres se han organizado históricamente para demandar la inclusión de sus derechos en todos los aspectos que refieren a su condición de ciudadanas, situación que aún continúa.
En la Argentina, la lucha por los derechos políticos igualitarios de las mujeres se inició a finales del siglo XIX, adquiriendo una presencia contundente, a través de numerosas acciones, a partir de la declaración del voto universal que no las incluyó.
Hubo muchísimas mujeres que lucharon pero que también fueron silenciadas por la historia oficial. Entre ellas merecen destacarse Alicia Moreau de Justo; Elvira Rawson y Julieta Lanteri, que recurrieron a diversas estrategias para instalar el tema en la agenda pública: ya sea presentando proyectos de ley, que fueron denegados, hasta la realización de simulacros de voto para demostrar la exclusión femenina. Esta larga y accidentada tradición de lucha se plasma en la Ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos políticos entre la mujer y el varón. Ese 23 de septiembre de 1947, María Eva Duarte anunció el otorgamiento del voto femenino, que se hizo efectivo en las elecciones nacionales el 11 de noviembre de 1951.
Con el empadronamiento, necesario para poder ejercer este derecho, las mujeres obtuvieron su Libreta Cívica; hasta ese entonces, la única documentación con la que contaban era su partida de nacimiento.
De acuerdo con los criterios de igualdad que establece la Constitución Nacional, los derechos adquiridos deberían ser efectivamente instrumentados. El cambio efectivo, no solo jurídico sino también cultural, haría innecesaria la existencia de una efeméride específica. Sin embargo, y como la existencia de las leyes todavía no ha erradicado la invisibilidad de las mujeres, es importante que se conmemoren las gestas de lucha en las que queda en evidencia que la historia también la construyeron las mujeres en su derrotero por la igualdad.
La existencia de herramientas jurídicas no garantiza, por sí sola, el ejercicio pleno de los derechos que consagran. Actualmente, el derecho al voto es indiscutible, así como la participación de las mujeres. Sin embargo, los derechos políticos de las mujeres comprenden una serie más amplia de derechos.
Argentina ha sido un país pionero en la sanción de una ley de cupo femenino como medida de acción afirmativa para asegurar la representación de las mujeres en el Congreso de la Nación.
La necesidad de amplificar la participación de las mujeres en el espacio legislativo llevó a la promulgación de la Ley de Cuotas, que permitió el acceso de mujeres a cargos legislativos y, con el correr del tiempo, mejorar la calidad institucional. En 1991 la Ley 24.012 estableció un piso mínimo de representación de mujeres en las listas partidarias para los cargos Legislativos Nacionales. Las mismas debían estar compuestas de, al menos, un 30% de mujeres. Sin embargo, la aplicación del cupo femenino en el Senado se retrasó hasta 2001, año en que la elección comenzó a ser directa.
El cupo no sólo permitió aumentar la cantidad de mujeres en las bancas de nuestro Congreso, sino también ampliar la agenda parlamentaria incorporando un conjunto de temas antes desatendidos por un poder legislativo casi totalmente masculino. La inclusión de mujeres en el proceso de deliberación y decisión permitió incorporar perspectivas sociales silenciadas en el debate público y feminizar la agenda legislativa al incorporar miradas y preocupaciones derivadas de la experiencia social de las mujeres.
Además de la presentación de proyectos, el trabajo de las legisladoras nacionales ha sido fundamental para la aprobación de leyes que amplían derechos de las mujeres, como las de Cupo Sindical Femenino (Ley 25.674/02), Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673/02), Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061/05), Contracepción Quirúrgica (Ley 26.130/06), Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) (Ley 26.150/06); Aprobación del Protocolo Facultativo de la CEDAW (Ley 26.171/06); Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas (Ley 26.364/08); Protección integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Ley 26.485/09), Matrimonio Igualitario (Ley 26.618 /10); Identidad de Género (Ley 26.743/12); “Voto joven” (Ley 26.774/10) que amplía Derechos Políticos; Femicidio (Ley 26.791/12); Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26.844/13); Reproducción Asistida "Ley de Fertilización Asistida" (Ley 26.862/13), por mencionar algunas de las más emblemáticas.
El 22 de Noviembre de 2017 el Congreso Nacional avanzó hacia la sanción de la Ley 27.412 de Paridad de Género en ámbitos de representación política, para las listas de cargos electivos y partidarios. A partir de las elecciones para la renovación parcial de ambas cámaras en 2019, las listas legislativas deberán contener un 50% de candidatas mujeres de forma intercalada; estableciendo que “las listas de candidatos/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur (distrito nacional único plurinominal) deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente”.
Esta tendencia regional emergió en el marco del cambio de paradigma que trajo aparejado el Consenso de Quito de 2007 al establecer la necesidad de avanzar hacia la paridad de género.
Si entendemos los derechos políticos de las mujeres amplificados, entre otras tantas cosas, es importante lograr la igualdad en el terreno laboral. La consigna de la Organización Internacional del Trabajo: “a igual trabajo igual salario”, no se cumple a pesar del enorme impulso de las mujeres en el ámbito educacional, lo que habla de una capacitación de excelencia, y su incorporación masiva al mercado de trabajo.
También todo lo que se refiere al cuidado de las personas vulnerables que recae, en líneas generales, en las mujeres, dada la división sexual del trabajo, aún vigente. En esa línea, los derechos sexuales y reproductivos, aun poseyendo una amplísima legislación, distan de ser implementados en su total magnitud, así como las leyes sobre violencia y trata.
Fuentes:
Caminotti, Mariana y Ana Laura Rodríguez Gustá (2009). “¿Temas de mujeres? Las leyes de Cupo Sindical Femenino y de Aprobación del Protocolo Facultativo de la Cedaw”.
Caminotti, Mariana (2013). “La representación política de mujeres en el período democrático”,
Tula, María Inés (2015). Mujeres y política. Un panorama sobre la adopción de las cuotas de género y sus efectos en América Latina y Colombia”.
Caminotti, Mariana y Natalia Del Cogliano (2017). La paridad política en Argentina: avances y desafíos